Recientemente,
la Sala II de la Cámara de Casación Penal, órgano que se
encuentra en la cima del organigrama judicial penal, dispuso -con el voto de los
Doctores Guillermo Yacobucci y Luis García-, disponer la libertad de varios
acusados por delitos contra la humanidad.
En
forma inmediata, varios personajes públicos, incluida nuestra Presidenta,
salieron corriendo a los medios a expresar su rechazo por la decisión,
centrando su crítica fundamentalmente sobre la persona de los jueces (incluyendo
también al magistrado disidente, Gustavo Mitchell), cosa entendible, pues
nadie había leído el fallo antes. Inclusive, nuestro honorable Senado,
el mismo día que discutía el "blanqueo" de capitales y
la nueva moratoria impositiva, se tomó un descanso y aprobó un proyecto
de resolución "repudiando la liberación de represores acusados
de delitos de lesa humanidad", naturalmente, sin conocer el pronunciamiento
(allí además, el senado instó "a la Procuración
General de la Nación a que interponga los recursos necesarios ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia que otorga la libertad
a represores acusados en causas de delitos de lesa humanidad"). Nada mejor
que una buena y siempre a mano falacia ad hominem cuando no se tiene alguna razón
para transmitir una idea. Teoría de la argumentación: postulado
menos que básico.
Hagamos
entonces un resumen de las cosas que hemos tenido que escuchar y leer en los medios:
Nuestra
Presidenta dijo: "Hoy es un día de vergüenza para los argentinos
y para la humanidad, y también para nuestro sistema judicial"; la
siguieron otros funcionarios, así, el ministro de justicia, Aníbal
Fernández, dijo: "Para mí es un fallo del peor conservadurismo
del Poder Judicial que no beneficia a un vulnerable sino a los peores represores
", por su parte, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos,
Luis Duhalde, luego de amenazar con el pedido de juicio político
a los jueces del fallo, afirmó: "No me cabe la menor duda de que todavía
en el Poder Judicial hay elementos que conspiran contra la administración
de justicia del propio Poder Judicial, porque continúan enquistados en
el mismo hombres que fueron nombrados durante la dictadura militar por participar
de la misma ideología represiva" y que "no se aplicaron las leyes
vigentes, ni la jurisprudencia de la Corte"; el Jefe de Gabinete, Sergio
Massa, dijo que el fallo es "una chicana judicial"; la diputada
Victoria Donda, expresó: "No me sorprende porque es precisamente
esta Cámara de Casación Penal la que tiene una estrategia de beneficiar
a los genocidas". "Esa sala debería sentir el rigor institucional
de la Cámara de Senadores y un mensaje institucional de la Corte Suprema.
Estamos hablando de una cosa muy grave", ladró el senador Ernesto
Sanz. Tampoco pudo faltar la opinión de la consejera Diana Conti: "ahora,
liberan a los represores detenidos basados en el paso del tiempo. Esta sistematización
de la actuación no sólo es repudiable sino que constituye mal desempeño",
sin saberse qué entiende por "sistematización", ni mucho
menos puede comprenderse su criterio de "mal desempeño".
Estas,
entre algunas otras, son las opiniones de funcionarios que surgieron en los medios,
sin contar varias apreciaciones de las partes y sus patrocinantes (que paradójicamente
no fueron tan necias ni tan duras), periodistas, y los opinadores ocasionales
(que muchas veces suelen confundirse con aquéllos) que siempre encuentran
algún motivo para arañar una línea editorial o un segundo
televisivo o radial.
Me
motiva escribir estas líneas no sólo el respeto y admiración
que siento por los jueces de la mayoría, sino también, por la conciencia
cívica que como -iniciado, y quizás si no fuera por ello, no me
animaría a escribir esto- profesional del derecho creo que debo expresar
(me cuesta decir lo mismo del juez disidente, pues sólo para este caso
y a diferencia de lo que venía sosteniendo expresamente en varias situaciones
idénticas, ahora entiende que la ley 24.390, modificada en el 2001, es
"procesal" y por eso no se aplica ultraactivamente). Guillermo Yacobucci,
a quien además aprecio como a un amigo, cuando le transmití mis
palabras de aliento por el injusto ataque recibido, me respondió (y pido
disculpas por hacer pública su respuesta, pero el que es republicano, lo
es siempre y no sólo frente a la muchachada): "tanto Luis como yo
opinamos que para eso somos jueces, si no, no vale la pena".
Guillermo
Yacobucci y Luis García son jueces que nos marcan el camino de lo que debe
ser, jueces que cada día dan el ejemplo, y que quienes tenemos "fe
en el derecho" sabemos que en todos los casos y sin excepción, van
a decidir lo que su conciencia entienda como lo justo; y esto, es algo que, me
atrevo a afirmar, toda la comunidad jurídica comparte (y si no, desafío
a que al menos dos personas puedan contradecirme con una mano en el corazón
y con algún fundamento plausible).
Pienso
que las críticas que recibieron estos jueces es injusta y que, al ser realizadas
por funcionarios de los otros poderes, tienen como único objetivo intentar
(y no creo que, tratándose de ellos, pueda caber otra forma verbal) afectar
su independencia (incluso, como si el subconsciente se le hubiese puesto en un
primer plano, nuestra primera mandataria, antes de lanzar su crítica, advirtió
que con eso no avasallaba el rol de los jueces -que es equivalente a decirle a
un calvo: "mire, yo no me estoy burlando, pero eso que tiene Ud. en la cabeza
es una pista de aterrizaje para piojos", o prescindiendo del ejemplo, es
creerse que uno puede dominar la dimensión ilocucionaria de un acto del
habla, creerse un dominus de lo convencional-). Creo
(profanamente) que esta reacción espasmódica quedará en la
nada, o bien, será un elemento de los factores políticos para intentar
(nuevamente, sólo eso) dirigir las decisiones de los jueces cuestionados,
blandiéndoles el antecedente, en forma negativamente preventiva.
No
tiene mucho sentido aquí defender los argumentos del fallo, no hay otros
para contrastarlos. No existe en nuestro sistema procesal penal la posibilidad
de encarcelar preventivamente sin límite temporal, si esto fuera posible,
entonces el aseguramiento del proceso se confundiría necesariamente con
la aplicación de la sanción. Y no hace falta seguir insistiendo
con que esto está proscripto constitucionalmente (Daniel Pastor, hace unos
días en ElDial.com tuvo que explicarlo -refiriéndose a este tema-
como si fuera a chicos de primaria, porque parece que hay gente que todavía
no lo entiende, y que generalmente se ubica alrededor de la cima de los poderes
legislativo y ejecutivo). La Casación simplemente reiteró lo que
dice expresamente la Constitución Nacional, los pactos que la integran,
lo que la Corte repitió para casos análogos, lo que los órganos
jurídicos interamericanos pautaron como estándar del encarcelamiento
cautelar y no sólo eso, sino que lo que lo que la propia Corte Interamericana
de Derechos Humanos -cuya doctrina en ciertos casos suele entenderse de aplicación
ineludible- nos mandó a hacer hace menos de dos meses (sí a nosotros,
a Argentina, el caso "Bayarri" es contra nosotros y es por mantener
en prisión preventiva a una persona más de lo razonable). ¿Curioso,
no?
Incluso, si los críticos
estatales se hubiesen tomado la pequeña molestia de hojear el fallo, se
habrían dado cuenta que el mensaje es justamente el contrario al que ellos
le achacan a los jueces. Si el tribunal oral hubiese, al menos, fijado fecha para
el inicio del debate, la prórroga de la prisión preventiva hubiese
sido quizás plausible. Esto lo dice el fallo explícitamente. Ups!
¡La casación estaba dándole un tirón de orejas al tribunal
por demorar el comienzo del juicio! ¿Y si hubieran visto el fallo antes
de hablar o, peor aún, antes de emitir un acto legislativo? ¡Qué
vergüenza!
Es difícil
saber si los funcionarios hubiesen opinado igual de haber leído el pronunciamiento,
realmente, lo dudo, pero la propia fuerza de los argumentos que los jueces expresan,
rebaten línea a línea los embates recibidos. ¿Vergüenza?
Eso me da oír a nuestra presidenta hablando por hablar, sin saber, y sólo
para quedar bien frente al ocasional auditorio; ¿Conservadurismo? ¿No
será una catarsis? ¿Qué hay para conservar? ¿Hombres
nombrados por la dictadura militar? ¿Yacobucci y García lo son?
A mí tampoco me gusta cómo funciona el Consejo de la Magistratura,
¡pero no era para tanto! ¿Son elementos que conspiran contra la administración
de justicia? Lo invito al Sr. Luis Duhalde a verlos trabajar sólo un día
y le recomiendo que lleve medicación para el estrés, y mucha. Me
da risa y eso que no llegué al argumento ese de que "no se aplicaron
las leyes vigentes, ni la jurisprudencia de la Corte" (parece el típico
discurso de un "abogado, jurisconsulto y manyapapeles", macaneando a
su cliente); ¿Chicana judicial? ¿Es esto un chiste, Sr. Massa? Yacobucci
y García fueron designados sobre mediados de este año como subrogantes
en la sala II de la casación, ¿cómo se habrá desarrollado
su estrategia para beneficiar a los genocidas mientras ponían al día
la Sala II de casación? ¿Les habrá quedado tiempo para eso?
Sépalo lector, los fallos de la Sala II son ahora de consulta ineludible,
son un lujo y además, salen rápido (pero lo mejor de todo, es que
son públicos y cualquiera, inclusive un ministro o un senador, los pueden
consultar en el noveno piso de Comodoro Py). ¿La Sala II debería
"Sentir el rigor institucional de la Cámara de Senadores"? He
revisado toda la Constitución Nacional, sin poder encontrar en qué
lugar la Cámara de Senadores tiene adscripta alguna función para
aleccionar al Poder Judicial (o para mandarle hacer algo a la Procuración
General). ¿Y Ud., estimado lector? Indíqueme dónde, por favor.
Pero
al margen de todas estas pequeñeces, lo que más preocupa es que
algunos consejeros, rápidos de reflejos, ya hayan amenazado a los jueces
con un pedido de juicio político, incluso aseverando que este fallo implica
un mal desempeño. Afortunadamente, esto lo dijeron el mismo día
del pronunciamiento, no vaya a ser cosa que luego quieran inventar alguna otra
causal de remoción que se agregue al del contenido de una sentencia. Les
adelanto a los consejeros: amenacen tranquilos, 100% seguro que Yacobucci y García
seguirán fallando lo que piensan, no son como algunos de ustedes, tienen
convicciones, tienen conciencia cívica, nos enorgullecen con su trabajo
diario y son un ejemplo para los argentinos. ¿Se puede decir lo mismo de
los funcionarios que los atacan?
No
es infundado el consenso social que entiende que nuestro país ha desmejorado
notoriamente su calidad institucional. Si un tribunal dicta un fallo, lo esperable
es que las partes interesadas que se sientan agraviados lo recurran, nada más.
Eso pasa en cualquier Estado de Derecho, y en cualquier Estado de Derecho, los
funcionarios de los demás poderes no intentan amedrentar a los jueces para
que fallen conforme una idea -en nuestro caso, la demagógica y proselitista
que toque por turno- por muy importante que sea. Un Estado de Derecho implica
aceptar que a quien se acuse de, en su momento, haberlo negado, para juzgarlo
por eso, no se le pueda aplicar el talión.
Muchísimos
argentinos tuvimos la suerte de no vivir las épocas en que se negó
la República y la Democracia, principalmente, arrasando con todas las cláusulas
constitucionales posibles; por favor funcionarios de hoy, paren un poco la pelota,
sólo demuestran su intencionada ceguera ¿o no se dan cuenta que
están haciendo lo mismo?
