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 En
febrero pasado el Dr. Ricardo Lorenzetti, en su carácter de
Presidente de la Corte Suprema lanzó, un ambicioso proyecto
de informatización de la justicia.
Bajo
la consigna "Justicia rápida y efectiva para todos",
los componentes del proyecto
tiene como objetivos:
I.
Satisfacer las necesidades para un servicio de administración
de justicia eficiente, eficaz y accesible a la comunidad en general,
mediante la implementación de una infraestructura basada en
las tecnologías de la información y las comunicaciones.
II.
Fortalecer la calidad institucional mediante un sistema integral de
gestión judicial que sea accesible por Internet y por dispositivos
móviles, que facilite la toma de decisiones, incremente la
calidad de los servicios jurisdiccionales, agilicen las comunicaciones,
mejore la relación interjurisdiccional y reduzca el tiempo
de tramitación de los juicios.
III.
Diseñar e implementar una infraestructura tecnológica
y humana que garantice
la viabilidad, continuidad y sustentabilidad del modelo de administración
de justicia apoyado en el uso de tecnologías de la información
y las comunicaciones, desarrollando procesos, brindando entrenamiento
y capacitación a jueces, funcionarios, empleados judiciales
y usuarios, actualizando la infraestructura de comunicaciones, la
de datos, la de seguridad informática y la de equipamiento.
IV.
Proporcionar un modelo de información capaz de facilitar el
control, la toma de decisiones y la planificación estratégica
en el Poder Judicial.
En esta primera etapa, que se presentó a fines de junio, se
prevé aplicar al fuero de la Seguridad Social, porque es el
fuero de mas alta litigiosidad y sus demandas van dirigidas al ANSES,
organismo que tiene digitalizados todos sus trámites.
En
un primer momento se implementará el ingreso de causas a través
de Internet, para avanzar en un futuro hacia la interposición
de la demanda por esta vía y las notificaciones electrónicas.
Consultamos
al Dr. Luis Herrero, camarista del fuero, quien en su carácter
de presidente de la Cámara de Seguridad Social le dio, en su
momento, un fuerte impulso a la informatización de ese fuero
y nos dijo que este avance que ahora se propone la Corte Suprema hará
que un fuero con altos índices de litigiosidad agilice su tramitación.
Recordemos
que el ingreso de causas al fuero ha crecido en un 550%, dado que
en 2007 ingresaron 22.000 causas, aproximadamente, en ambas instancias.
"Un
jubilado o pensionado no puede esperar cinco años para ver
resuelto su reclamo" señaló el magistrado.
Al
diseñar el ambicioso proyecto informático se establecieron
los objetivos básicos para la modernización del sistema.
Dice
el Plan de Fortalecimiento Institucional en el capítulo Justicia
digital:
La
Justicia Digital se traduce en la aplicación de las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) a la gestión de justicia. Con ello se busca hacer más
eficiente el funcionamiento del Poder Judicial, brindar mejores servicios
a los ciudadanos, promover la transparencia, y fortalecer la gobernabilidad
democrática, a través de la mayor participación
de la ciudadanía.
Los
sistemas judiciales deberán ofrecer la mayor cantidad de servicios
a los ciudadanos, a través de Tecnologías como Internet
que facilitan el acceso a la justicia y la operatoria remota.
El uso de estándares de estas nuevas tecnologías (tecnologías
de navegadores, portales, bases de datos, seguridad, etc.), canaliza
la gestión de información de justicia hacia ámbitos
universales de tecnología.
La
revolución que ha producido mundialmente este concepto de red
de redes, tiene una implicancia relevante en el diseño de la
nueva concepción del servicio de justicia, desde el momento
que puede producir un efecto descentralizador, natural por su definición,
permitiendo flexibilizar la infraestructura de equipamiento y software
de aplicación para el acceso del usuario final.
Entre
los principales servicios, pueden destacarse:
o
Mesa de Entradas Virtual: a través de la cual cualquier usuario
debidamente autenticado podrá iniciar, gestionar y consultar
una actuación en forma remota;
o
Correo electrónico seguro: medio alternativo de comunicación
de actos procesales;
o
Portal institucional: referente a todos los poderes judiciales a fin
de brindar servicios y permitir la interacción en forma dinámica
y permanente.
El
resultado de la implementación de estas nuevas tecnologías
deberá redundar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión,
monitoreo y evaluación,
El
presente proyecto de Justicia Digital se propone mejorar el servicio
de justicia del país, utilizando las herramientas proporcionadas
por las Tic´s, incrementando su eficacia, accesibilidad y credibilidad
en el Poder Judicial, mediante el fortalecimiento de la capacidad
de gestión, monitoreo y evaluación a través de
un proceso participativo que involucre a los jueces, funcionarios
y empleados judiciales, personal técnico y administrativo,
y a los justiciables en general, recipiendario final del servicio
de justicia.
Firma digital
Para
que el sistema funcione integralmente es necesario que los abogados
cuenten con su firma digital certificada que le de certeza y verosimilitud
a sus envíos electrónicos.
Para
ello, entre los objetivos básicos el Plan prevé:
Constituir al Poder Judicial de la Nación en Autoridad de Certificación
es una aspiración trascendente para la actividad jurisdiccional.
Ello
supone proveer de Certificados de Firma Digital a los integrantes
del Poder Judicial de Provincias y Nación; además, a
todos los auxiliares de justicia y a los profesionales del derecho.
Dichos
certificados tendrán validez en todas las jurisdicciones del
país y serán aplicables a todos los actos jurisdiccionales,
campo que deberá ser exhaustivamente definido en su oportunidad.
Equiparar
la firma digital a la ológrafa redundará en agilidad
de actos procesales y logrará una celeridad inédita
en el trámite administrativo de la mayoría de las actividades
sectoriales. Así, por ejemplo la gestión de la carta
de ciudadanía o el sistema de notificaciones se simplificarán
de modo tal de reducirse a simples procedimientos vía correo
electrónico.
Una
cuestión primordial que dificulta la utilización de
la firma digital se refiere a que para que la misma sea efectiva y
se puedan valorar las ventajas de su utilización, todo el procedimiento
se basa en un "circuito digital" ya sea conformado por un
expediente digital o cualquier otro trámite que en su gestión
digital pueda admitir una firma de este tipo. Si esta situación
no se da, el valor de la misma es sólo declarativo. En conclusión
antes de poner en vigencia la firma digital deben completarse circuitos
digitales a los que se le puedan adosar estos complementos.
Por
lo dicho en el párrafo anterior, es preciso que el rediseño
de los sistemas de gestión prevean su implementación
y existan gestiones digitales capaces de incorporarla.
Claro
que para implementar todas estas actualizaciones se requiere de una
inversión de envergadura que contemple nuevo equipamiento,
software adecuado y capacitación del personal. Parece que la
Corte Suprema ha tomado la decisión política de hacerlo.
El Consejo de la Magistratura, a través de su Dirección
de Tecnología está trabajando en el diseño de
las etapas. El Plan completo puede consultarse en www.csjn.gov.ar/data/plan.pdf
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