Sala Luis Marras. Como homenaje, se le impuso el nombre del consejero fallecido hace tres meses, al nuevo espacio exclusivo para los profesionales de Diagonal Norte 636, sede de los tribunales contenciosos, administrativos y tributarios de la ciudad. Además del presidente Rizzo y varios miembros del Consejo Directivo estuvieron presentes el padre, los hijos y el nieto del abogado.

Editorial Universidad. Nos dice Alejandro Lo Iacono, socio de la Editorial: "En la segunda semana de julio cumplo 40 años de trabajo con el libro jurídico. Más que hacer un balance de los avatares de mi actividad, quiero agradecer a todas las personas que me enriquecieron, algunas culturalmente, otras comercialmente y otras -muy importantes- , desde el punto de vista humano. Las voy a citar tal y como acuden a mi mente, sin ningún orden preestablecido: Abad de Santillán, Víctor de Zavalía, Manuel Ossorio y Florit, Adolfo Álvarez, Roque Depalma, Guillermo Cabanellas (padre), Jorge Alberto Zago, Raúl Macchi. Mis amigos: Orlando Valletta, Hugo (Del Jurista), Alberto Lacueva, Daniel Bilardi, Valentín Lorences, Dante Scotti, entre muchos otros. Por último mi reconocimiento para mis dos socios actuales y amigos en Editorial Universidad: Raúl Caracciolo y Rafael Del Buono, con los que comparto el diario trajinar de nuestra hermosa profesión".

Ley espía. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal solicitó en la audiencia pública que se realizó el miércoles 2 de julio en la Corte Suprema, que la ley espía sea declarada inconstitucional para todas las personas.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal representa a todos los matriculados de esta jurisdicción -alrededor de 60.000 en actividad- y se presentó como Amicus Curae (Amigo del Tribunal) en la causa en la que se ha declarado la inconstitucionalidad de la ley 25.873, más conocida como la "ley espía".
Por ese motivo, la Dra. Laura Calógero -Vicepresidenta de la institución- habló en representación del Colegio Público, solicitando que se otorgue el efecto erga omnes (extensión a todas las personas) de la inconstitucionalidad de la ley, medida que fuera otorgada en primera y segunda instancia al Dr. Ernesto Halabi en la causa que el mentado inició en el año 2005.
En ese sentido, la Dra. Calógero enfatizó que no se desconoce "que en los motivos de la ley se habla de la manera en la cual se incrementan los secuestros, el narcotráfico y otros delitos. Sin perjuicio de ello, considero que existen normas constitucionales suficientes para hacer este control. Sin necesidad de una vigía permanente".
Asimismo aseguró que "Si las personas que nosotros defendemos llegan a un nivel de exposición tal en donde siempre se puede acceder a esa información. Sea relevante o no. No estaríamos violando solo la privacidad, sino también los secretos que los abogados tenemos que defender".
Por último, señaló que el fin de la ley -la seguridad nacional- no puede justificar "la invasión permanente y sostenida sin ningún tipo de limitación, cuya redacción es difusa en este sentido. No justifica la vigencia de esta ley ni que ésta se aplique al colectivo general. El Colegio viene en defensa de sus colegiados, pero también en defensa de los clientes de sus colegiados. Que son toda la ciudadanía".

Abogados discriminados. En momentos en que se está discutiendo la reforma al reglamento de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, surge desde la Vocalía del Consejero Abogado Santiago Montaña, la necesidad de señalar el trato discriminatorio que tiene el actual Reglamento con relación a los abogados matriculados con vocación para ingresar al Poder Judicial de la Nación.
"Hemos advertido que desde la reforma del Consejo de la Magistratura -ley Nº 26.080- no sólo se redujo la cantidad del miembros del Cuerpo -afectando el equilibrio en la representación de los abogados-, sino que también se les excluyó de la Comisión de Selección. Además, la reglamentación de la ley estableció un sistema tarifado de puntuación que afecta los antecedentes de los Colegas postulantes".

Reincidencia en el Colegio. Una dependencia del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal funcionará en el Colegio Público.
El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, firmaron un convenio destinado a que una oficina del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal funcione en la sede de la entidad.
De este modo, se buscará optimizar la tramitación de los certificados de antecedentes penales requeridos por los usuarios. A través de la firma del acuerdo la cartera de Justicia se comprometerá a proveer el software informático correspondiente al sistema, la supervisión para su instalación y el mantenimiento, realizando también la capacitación de los operadores del sistema. Por su parte, el Colegio deberá proveer el equipamiento informático necesario, el costo de la conexión a Internet, el espacio físico donde funcionará la dependencia y el personal que operará en la misma.