El 16 de agosto la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tiene en su orden del día el tratamiento del futuro
del sistema jubilatorio de los abogados.
El
diario La Nación en su editorial del 27 de julio dijo:
"Hora
de remediar un despropósito
El 16 de agosto
próximo existe preferencia para tratar, en el recinto de la
Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la cuestión
concerniente a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la ciudad
de Buenos Aires (Cassaba). Incluso desde el año último
existe un proyecto de ley de los diputados Jorge Enríquez y
Sebastián Gramajo para derogar la norma que creó esa
caja.
En su momento se
dijo desde estas columnas que tal Caja era una creación legislativa
inconsulta que pasó por encima de la voluntad de los propios
interesados, que se resisten a hacer lo que no han elegido libremente.
De acuerdo con la mencionada norma, los abogados están obligados
a aportar el 5 por ciento de todo honorario que perciban, sea judicial
o extrajudicialmente, incluso descontándolo de los cheques
judiciales, para contribuir a formar el fondo de financiamiento del
sistema previsional creado.
Los justificados planteos de inconstitucionalidad de la ley han tenido
acogida en numerosos fallos. Entre otras razones, por haberse excedido
la Legislatura local en sus facultades constitucionales, ya que sólo
está autorizada para conservar los sistemas jubilatorios existentes,
no para crear nuevos, cuestión reservada a la Nación,
o por la falta de libertad para elegir la forma de protegerse en la
vejez, la superposición con los aportes a otras cajas de distintas
jurisdicciones, la falta de proporcionalidad entre el aporte y el
beneficio a recibir, o el innecesario encarecimiento de la justicia,
pues los aportes en cuestión los terminan pagando los judiciables.
Es decir, todas serias y graves objeciones que bastarían para
derogar la norma citada.
Que esta ley es absolutamente impopular lo demostraron los abogados
que votaron en las últimas elecciones a las actuales autoridades
del Colegio Público de Abogados, que hicieron de la derogación
de la Cassaba la principal bandera de su campaña electoral.
Hoy hay una lista de 12.000 profesionales que ya han firmado para
pedir la derogación de esta caja, a la que se suman día
tras día más abogados capitalinos.
Este es, pues,
el pensamiento del Colegio Público de Abogados, el del Colegio
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Asociación
de Abogados, instituciones que han solicitado a los legisladores porteños
la derogación de la ley 1181, por la cual fue creada la Cassaba.
En el orden político,
hubo también casi unanimidad. En su momento, el candidato Daniel
Filmus se había pronunciado por su derogación; el actual
jefe de gobierno, Jorge Telerman, lo hizo en igual sentido en favor
de la voluntariedad de la afiliación y según su proyecto,
y el jefe de gobierno electo, Mauricio Macri, también se expidió
clara y terminantemente en contra del carácter compulsivo de
la afiliación y en favor de la derogación de la ley.
Es ésta,
pues, una oportunidad para que los legisladores de la ciudad respeten
la opinión de la comunidad profesional porteña, la de
sus colegios profesionales y la de la comunidad política que
integran, sin tutelas ni proteccionismos. Al mismo tiempo, sería
importante también que se tomaran medidas para abaratar el
acceso a la Justicia y no para encarecerlo. Derogar la ley demostraría
con hechos concretos que algo puede cambiar para bien en la ciudad
de Buenos Aires."
