Ante el avance
del proceso de juicio político contra el Juez Adolfo Vázquez
y la posible generación de una nueva vacante en la Corte Suprema
se reaviva la polémica sobre el número de jueces que
debe componer el máximo Tribunal. Se presenta en este momento
una oportunidad histórica para fortalecer la independencia
de la Corte rompiendo con una tradición política que
debilitó su consistencia institucional y, de esa forma, su
independencia y coherencia jurisprudencial.
Según los
mecanismos previstos en la Constitución, la renovación
de la Corte se produciría en forma paulatina, a medida que
se generan vacantes por la renuncia, jubilación o muerte de
sus miembros, o el caso extraordinario de juicio político.
Este diseño dificulta que un mismo Presidente designe a la
mayoría de los miembros de la Corte.
En los últimos
cincuenta años, la Corte sufrió ocho cambios totales
en su composición directamente causados por las inconstancias
e inestabilidades de los sucesivos gobiernos.
La ampliación
de la Corte más criticada fue la que efectuó el ex presidente
Menem en 1990. La misma fue justificada en la necesidad de mejorar
el funcionamiento del tribunal, lo que nunca logró, ya que
las estadísticas de la misma Corte muestran un mayor retardo
en la resolución de causas desde la aparición de la
“mayoría automática”.
A la pérdida
de legitimidad de la Corte que se fue registrando en la última
década se le suma la crisis política de diciembre de
2001. Durante el 2003 se generaron tres nuevas vacantes pero, ante
el reclamo de más transparencia y participación de la
sociedad, el Presidente Kirchner sancionó el Decreto 222/03,
que “autolimita” su facultad constitucional de nombrar jueces
en la Corte, que brinda a la ciudadanía la posibilidad de participar
en el proceso de designación. Este nuevo procedimiento fue
aplicado en la designación de las tres nuevas vacantes. Así,
en menos de un año, el Presidente de la Nación nombró
a un tercio del tribunal.
Si se concretara
la destitución del juez Vázquez y si se confirmaran
las versiones sobre la renuncia de otro de los miembros del Tribunal,
quedarían vacantes dos nuevos asientos en la Corte por lo que
el Presidente Kirchner nombraría a cinco de sus nueve miembros,
lo que podría ir en desmedro de los avances que se produjeron
a favor de recuperar la legitimidad de la Corte.
La Asociación
por los Derechos Civiles viene bregando hace varios años por
una mayor transparencia y legitimidad de la Corte Suprema, y creemos
que la reducción de sus miembros podría ser un paso
importante en esta mejora. La responsabilidad de impulsar y sancionar
una ley que establezca la reducción del número de miembros
de la Corte es facultad del Poder Ejecutivo y del Congreso.
El Presidente
de la Nación podría continuar con el espíritu
de autolimitación que originó el decreto 222/03, absteniéndose
de nombrar nuevos miembros. Es una oportunidad especial para contribuir
a la reconstrucción de la independencia de la Corte Suprema.
El compromiso
de los legisladores es igualmente importante en esta búsqueda
de mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema. Teniendo en cuenta
que la adopción de esta propuesta depende del dictado de una
ley, a principios de este mes, la ADC acercó un documento que
fundamenta esta postura, a los diputados y senadores que integran
las comisiones de justicia y asuntos constitucionales de la Cámara
de Diputados y de los Senadores de la Nación, así como
los legisladores que ya han presentado propuestas legislativas en
este sentido.
