(INFOCIVICA,
24 de marzo de 2004).- En la investigación de una denuncia
contra un juez por discriminación y abuso, el Consejo de la
Magistratura negó la presencia de público en la sesión
de la Comisión de Disciplina. Poder Ciudadano pide que se modifique
el reglamento para garantizar la transparencia de las reuniones.
La semana pasada,
en una sesión en la que se discutía el caso de una empleada
judicial que denunció a su superior por discriminación
y abuso laboral, se permitió la presencia de ciudadanos y representantes
de organizaciones de la sociedad civil. Pero ayer, cuando se iba a
tomar declaraciones por la misma cuestión, los consejeros informaron
que la reunión sería secreta, dejando afuera al público
que había concurrido, entre los que se encontraban miembros
de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),
del Consejo Nacional de la Mujer y de Poder Ciudadano.
La actual norma
que rige el juzgamiento de las faltas disciplinarias estipula que
las actuaciones sean confidenciales y las deliberaciones de la Comisión
de Disciplina sean reservadas a los consejeros y sus asesores.
"Es fundamental
que el Reglamento de Disciplina se modifique nuevamente y, tanto el
expediente como las sesiones, vuelvan a ser públicas como lo
preveía el texto original. Esta medida favorece el derecho
de los ciudadanos a tener buenos magistrados y el derecho de los magistrados
a tener un proceso justo", estimó María Julia
Pérez Tort, coordinadora del Area de Acción por la Justicia
de Poder Ciudadano.
El caso que movilizó
a la ciudadanía a concurrir a la sesión de la Comisión
de Disciplina es el de Flora Sofía Acselrad, de 29 años,
actualmente oficial mayor del Tribunal Oral en lo Criminal nº
4. Acselrad había acusado por malos tratos el año pasado
a su superior del Tribunal nº7, el juez Juan Carlos Ursi.
En su denuncia
ante el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo
Mitchell, la empleada judicial contó que "desde el principio
se instaló una modalidad de encuentros a puertas cerradas en
el despacho de aquel magistrado quien, bajo la excusa de discutir
algún proyecto de sentencia, me sometía a incómodos
monólogos (...) e intentaba crear un clima de confidencialidad
inquiriendo sobre cuestiones de mi vida privada".
En una oportunidad,
según Acserald, el juez dijo en un tono audible para todos:
"Flora, por qué no te pintás un poco, parecés
una rusita que salió de un campo de concentración".
De acuerdo a la
presentación de la denunciante, en encuentros posteriores,
el juez le dijo, aclarando que parafraseaba a José Saramago,
que "los judíos son los rentistas del holocausto"
y frases tales como "sos una hueca", "una tarada"
y que "estás al borde de la idiocia" (sic).
Ante esta situación,
Acserald, luego de prestar funciones en la justicia criminal por 10
años, solicitó que se le asigne un nuevo lugar de trabajo
para poder seguir cumpliendo su tarea. Así fue como la Cámara
la trasladó al Tribunal nº4, temporariamente, hasta la
resolución de su caso, ahora en manos del Consejo de la Magistratura.
Una Comisión a puertas cerradas
Este órgano,
a través de su Comisión de Disciplina, está evaluando
desde el año pasado si aplica o no una sanción al juez
acusado. Acselrad, preocupada por rumores que indicaban que se archivaría
el expediente, buscó apoyo público para la sesión
del martes 16 de marzo. Ese día se hicieron presentes representantes
de la Unión de Empleados Judiciales, de la DAIA, amigos y familiares,
que sumaban medio centenar de personas, quienes por única vez,
fueron autorizados a presenciar la reunión de los consejeros
integrantes de la Comisión de Disciplina.
"Estoy segura
de que si no había nadie, la causa se archivaba. La presencia
de la gente incluso infundió coraje en el consejero Abel Cornejo,
quien solicitó unas medidas de prueba que no habían
sido producidas hasta ahora", le dijo a Infocívica Flora
Acselrad.
Sin embargo, en
la reunión de ayer, los consejeros decidieron hacer secreta
la declaración de una testigo, María Pace, quien fue
llevada al despacho del consejero senador Miguel Pichetto por su secretario,
Horacio Desimone, para tomarle testimonio.
"Aunque sea
habitual que las declaraciones las tomen en el despacho privado de
un consejero, puede llegar a ser intimidatorio declarar contra un
magistrado en ese ámbito. Esto tampoco debería permitirse,
todas las declaraciones deberían hacerse frente a la Comisión",
opinó Pérez Tort.
También
un juez estaba citado para declarar pero se negó cuando le
informaron que debía hacerlo ante el secretario de Pichetto,
a cargo de la instrucción de la causa. Ahora deberá
ser el propio consejero el que le tome declaración el próximo
lunes.
"El derecho
de defensa del imputado no se pierde porque los ciudadanos escuchen
los fundamentos y las decisiones de cada consejero. El acusado goza
de la presunción de inocencia, al igual que en un juicio oral",
explicó la denunciante, quien resaltó además
que "hay que confiar en el sentido de responsabilidad de la
ciudadanía que presencia las sesiones para evaluar por sí
lo que está ocurriendo. En definitiva, quienes deciden son
los consejeros".
