Peligra la transparencia en el Consejo  
 

Alerta: los dinosaurios asechan

 
 

El proyecto ingresado en el Consejo de la Magistratura con la firma de los Consejeros Pereira Duarte y Lino Palacio -ambos representantes de los abogados- pretendió limitar el ingreso de público a las reuniones del órgano y de sus comisiones en un evidente intento retrógrado, que hasta ahora no prosperó.

En la reunión de la Comisión de Reglamentación celebrada el 4 de marzo se desestimó su tratamiento, y el Dr. Lino Palacio, en atención a la nula adhesión que había logrado decidió retirarse del Proyecto. No estaba presente el mentor intelectual, Dr. Pereira Duarte, quien no obstante le había anticipado al Dr. Palacio que piensa insistir con el tema.

Un poco de historia

"En los cinco años de funcionamiento del Consejo de la Magistratura sólo dos ó tres fueron las reuniones en que, más que por la cantidad de gente presente, por los temas que se trataban, se generaron disturbios" nos cuenta María Julia Pérez Tort, Directora del Programa Ciudadanos por la Justicia de Poder Ciudadano.
"Una fue cuando se decidía en el Plenario la terna de concursantes para cubrir un cargo en la Cámara Contencioso Administrativa Federal y un grupo de ahorristas muy alborotados concurrieron a hacer de hinchada por el Dr. Silva Garretón, uno de los postulantes y la más reciente, cuando se trataba la acusación al Dr. Favier Dubois, que se fue con una patota y en determinado momento la mujer del juez cuestionado se dirigió a los Consejeros, -cosa que no está permitida- y en lugar de hacerla salir, cosa que se puede hacer con la simple aplicación de los reglamentos vigentes, en lugar de preservar la publicidad y la transparencia, lo primero que hacen es intentar limitar el ingreso de público."

El proyecto

En diciembre de 2003 los "Consejeros Pereira Duarte y Lino Palacio presentaron este proyecto (ver) en el cual, supuestamente siguen siendo públicas las reuniones, pero con un sólo consejero que decida que sean reservadas ya se pueden convertir en reservadas, fundadamente, pero obvio que los fundamentos pueden ser muy elementales" siguió relatando Pérez Tort.
"Nos sorprendió muchísimo, porque parece mentira que después de cinco años de funcionamiento transparente, en lo que hace a la generalidad y no en lo que hace a la Comisión de Disciplina -que desde que se hicieron secretas no sabemos nada- se pretenda semejante retroceso.
En el art. 1° del proyecto presentado se establece que a pedido de uno o más Consejeros que pidan que sea reservada puede serlo.
Después dice que la Secretaría General determinará la cantidad máxima de asistentes sentados, reservando un lugar por lo menos, para los asesores de los Consejeros, con lo cual no queda nada".
Termina analizando el proyecto: "En el art. 6 se dispone que si una persona tiene una inconducta se la puede hacer sacar y con decisión fundada se la podrá considerar persona disvaliosa y no podrá entrar más a las Sesiones del Consejo".
"Dicen que no va a prosperar, a lo sumo podrán disponer que se pidan documentos. Pero lo que yo tengo miedo es que en medio de toda esta discusión logren meter algo que limite el acceso" argumentó María Julia Pérez Tort visiblemente preocupada.

El tratamiento en Comisión

El punto 6 del Orden del Día de la Comisión de Reglamentación preveía el tratamiento de este proyecto en la sesión del 4 de marzo. Advertidos por el alerta que había emitido a finales de febrero Infocívica -la agencia noticiosa de Poder Ciudadano- y que recogió La Nación en su edición del 26 de febrero, concurrimos.
Antes de comenzar la sesión ya era vox populi que el proyecto no iba a prosperar. "Si de lo que se trata es del poco espacio lo que se debiera hacer es achicar la mesa para que entre más gente y no limitar el acceso" manifestó a este medio el Consejero Eduardo Orio en las preliminares del debate.
Cerca de las 4 de la tarde hubo quórum y comenzó la sesión. Al llegar al punto 6 fue el Presidente de la Comisión, Consejero Humberto Quiroga Lavié quien quiso manifestar enfáticamente su posición al respecto:
Dijo: "En primer lugar, que no corresponde limitar ni restringir el acceso de quienes deseen estar presentes en las reuniones, por supuesto que cuando digo esto estoy pensando en los medios de prensa sin ningún tipo de restricción, pero tampoco de público en general, porque lo que tenemos que lograr es garantizar la máxima publicidad. Y desde lo personal tengo que decirles que algunas manifestaciones salidas en la prensa manifestando un poco observaciones al tema de la restricción nos tiene que mandar el mensaje muy importante de que la opinión pública quiera estar informada de lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura, cosa que no ocurre con otros organismos de la Constitución. Hay que lograr garantizar la máxima presencia de todos, pero considero que hay una situación objetiva: el recinto en el cual nosotros funcionamos no es el apropiado. Habría que empezar a hacer los estudios de campo para trasladar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a otro lugar más apropiado. Pero mientras no se logra, la solución es que cuando se tenga la impresión de que va a estar presente una cantidad de gente que supere el límite razonable tenemos que pedir funcionar en otro lugar más adecuado. Cambiar el lugar de reuniones para garantizar el acceso amplio es algo que entiendo que no puede afectar el tratamiento de ningún caso. Y cuando aún cambiando de recinto se supere la cantidad de público, que se televise por circuito cerrado de televisión"
El Dr. Lino Palacio, uno de los firmantes del proyecto, a esta altura manifestó expresamente que ya le había anticipado al Dr. Pereira Duarte su decisión de retirarlo. "Yo voy a desistir por mi parte; ya le comuniqué al Dr. Pereira Duarte, porque esto no tiene consenso ni del Consejo ni de la prensa" A cambio de ello propuso flexibilizar el art. 3° del Reglamento General del Consejo, pero, luego de leer el borrador que tenía en la mano, vista la poca adhesión que merecía el tema entre los Consejeros también renunció a esta idea rompiendo visiblemente los papeles.
La Dra. Victoria Pérez Tognola, representante de los jueces, a su turno sostuvo en forma contundente: "Yo no estoy de acuerdo con restringir el acceso, sobretodo porque no hemos tenido mayores inconvenientes en las audiencias. Creo que hay que estar a la publicidad de todos los actos, permitirle el acceso a todo el mundo, y cuando haya reuniones en la que por los temas que se van a tratar pueda haber una mayor afluencia de público cambiar de ámbito. De esa manera no se perturba la función de los consejeros, la gente asiste, la prensa también. Hacer un reglamento que impida o limite el acceso yo no estaría de acuerdo."
A su turno el Dr. Joaquín Da Rocha, representante del Poder Ejecutivo, recordó que "cuando existen disturbios no hace falta más que aplicar la normativa vigente. Recordó que el art. 52 del Reglamento Interno dice que se aplica el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y este Reglamento prevé que quien preside un acto tiene las facultades para hacer desalojar la Sala, desalojar las personas que estén perturbando y quiero recordar que también hay delitos en el Código Penal que contemplan este tipo de perturbaciones, de manera que tenemos los elementos normativos para manejarnos sin necesidad de recurrir a una modificación reglamentaria"
El Consejero Orio manifestó que "desde que iniciamos este Consejo peleamos por la transparencia, la publicidad de los actos que tiene que tener, y tenemos que dejar bien en claro que sólo tuvimos unos pocos casos puntuales, que no fueron por exceso de público, sino porque el postulante o el interesado se llevaba la barra. Hay que pensar que no era porque iba gente en general."
El Dr. Lino Palacio quiso agregar al finalizar el tratamiento del tema:"Como hay un representante de la prensa -señaló aludiendo a Fojas 0- me gustaría que se lleve la certeza total de que el Consejo quiere la absoluta publicidad de todos sus actos" en una suerte de arrepentimiento público de haber firmado el proyecto.
Suponemos que el Dr. Pereira Duarte podrá reflexionar y desistir definitivamente de este proyecto oscurantista que significaría un retroceso en la tan reclamada transparencia institucional.

 
  Esta nota fue publicada en Fojas Cero Nº 136 de Marzo de 2004
 
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