Un informe de Poder Ciudadano

(INFOCIVICA, Buenos Aires, 29 de enero de 2003). "Cualquier juez que reivindica los derechos sociales frente al Estado, se transforma en un paria del poder judicial y, regularmente, comienza a ser amenazado con pedidos de juicio político", asegura Alberto Bovino, Profesor Adjunto de Derecho Penal y Procesal de la UBA y abogado externo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En una entrevista con Infocívica realizada en el marco de un informe de diagnóstico sobre la independencia del Poder Judicial que lleva adelante el Area de Justicia de Poder Ciudadano, el especialista delinea un panorama sobre el avasallamiento del poder ejecutivo por el poder judicial y los distintos estilos de "captura de poder" a nivel provincial. "En América Latina el poder judicial nunca se animó a transformarse en un verdadero poder político", dice.

-¿Cómo evalúa la relación entre el poder judicial y el poder ejecutivo a nivel provincial?
A nivel provincial, lo que sucede en muchas provincias es que hay un completo avasallamiento del poder judicial por el poder ejecutivo. Esto se hace evidente cuando el poderoso que queda en situación de debilidad viene a pedir ayuda, y la justicia no le sirve para lograr el reconocimiento de sus derechos porque está en manos de sus antiguos "cómplices". Ahora, todo los candidatos presidenciales están atravesando problemas con el poder judicial. Hay diferentes estilos de "copamiento" del poder judicial. Está el caso de San Luis, donde el ejecutivo formalizó a través de leyes obedientemente aprobadas por su mayoría en el congreso la absoluta sumisión del poder judicial, está el estilo de lo que sucede con algunos fueros de la justicia nacional, donde la dependencia depende de llamados telefónicos y no de reglas jurídicas.

-¿Cuáles son esos "estilos" diferentes de "captura del poder"?
Distinto es el proceder en Santiago del Estero que en San Luis, por ejemplo. El caso de Santiago del Estero es el más común: si se estudian las leyes uno no encuentra nada malo en ellas, pero en la práctica el Poder Judicial se convierte en un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Todo se termina manejando de manera política. En el caso de San Luis, en cambio, se dictan leyes, se organiza todo un sistema legal que vulnera claramente la Constitución Nacional y los derechos se violan siguiendo canales formales. Adolfo Rodríguez Saa contaba con una mayoría absoluta en las dos cámaras. Toda propuesta que mandaba salía aprobada sin discusión alguna, y cualquier juez que levantara la cabeza resultaba expulsado. Es el caso de las tres juezas que me tocó defender (Adriana Gallo, Ana María Careaga y Silvia Maluf de Christin). El espacio de resistencia es mínimo. La falta de independencia es evidente. Y a nivel provincial si hay un total de 20 jueces y 18 son amigos del gobierno, el espacio de crítica es completamente reducido. Los díscolos están condenados al exilio. El caso de Santiago del Estero es el más común. Del mismo modo, no hay regla formal que permita afirmar que los jueces federales dependan del Poder Ejecutivo, pero es una cuestión de hecho.

-¿Cómo se da este proceso a nivel nacional?
A nivel nacional sucede algo parecido pero a mayor escala. La imposición de Menem de un nuevo Código Procesal Penal no implicó en ningún momento la voluntad de mejorar el funcionamiento del sistema judicial. La intención fue copar la Justicia Penal y esto se logró a través de dos vías: con la apertura de tribunales nuevos y la designación de nuevos jueces -un caso paradigmático fue el nombramiento de los miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal, que llevó a la renuncia de Arslanián, quien calificó de "esperpentos" a los designados.

Es llamativo que ningún profesor titular de la UBA sea miembro de ese tribunal, cuando se supone que es el de mayor jerarquía nacional. En segundo lugar, "se ascendió" a los jueces que podrían resultar molestos. En el caso de Pons, por ejemplo, pasó de ser juez de instrucción federal a juez de los tribunales orales. Pero como las causas siempre se arreglan en instrucción, si los jueces de esta instancia no las elevan, nunca se va a dar curso a un caso en el que estén involucrados amigos del poder. En el caso de Bruzzone, pasó de ser fiscal federal de instrucción a ser fiscal de juicio en el fuero penal económico. Y ahora uno de los mejores fiscales del país está casi sin trabajo. Con mucha gente hicieron lo mismo, sobre todo con los que no iban a poder controlar.

-¿Considera que hay algún modo de resolver este encierro?
El daño que se le hizo a la administración de justicia penal no se arregla ni con 20 años de gobiernos decentes. Tampoco sería bueno una salida drástica, ya que no es bueno que ningún gobierno pueda tener la responsabilidad de nombrar a todos los jueces. Justamente, la independencia del poder judicial se basa en la renovación paulatina de sus miembros. Por eso, aun en las mejores condiciones, el daño no se va a poder depurar, hasta dos o tres generaciones.

-¿Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia?
Se da una situación parecida. La mayoría de sus miembros deberían ser removidos, pero tampoco es de ningún modo deseable que un mismo gobierno nombre a 4 o 5 ministros juntos. Este tipo de copamientos hacen perecer al sistema. El encierro, entonces, es claro: si se echan a todos juntos no habrá nunca un gobierno apto para volver a nombrarlos.

-¿Cómo cree que esta situación es percibida por el conjunto de la sociedad?
La desconfianza en la justicia existe desde hace años. El corralito expuso a los miembros de la Corte al repudio nacional y la clase media se enteró de quién era Nazareno. Pero la justicia como institución estaba desprestigiada hace años, los altísimos niveles de corrupción son sondeados por cualquier encuesta. El corrimiento que se dio en los últimos años fue que ciertos sectores sociales, alejados del poder político, comenzaron a canalizar el reclamo social hacia la justicia. En este sentido, las ONGs vienen trabajando mucho, comenzando a litigar casos de derechos económicos, sociales y culturales. El problema es que la justicia no sabe responder a esta nueva demanda, y solo pone en evidencia su propia incapacidad. El corralito viola los derechos de todo el mundo, el reclamo va a la justicia y no satisface el reclamo -aun cuando el derecho violado es el derecho de propiedad, que para muchos jueces es más "sagrado" que la libertad-. La gente se vuelca masivamente al poder judicial y la Corte juega políticamente, para salvar su pellejo de manera vergonzosa, pero es incapaz de ocupar un lugar de poder y decirle no al Poder Ejecutivo. Cualquier juez que reivindica los derechos sociales frente al Estado, se transforma en un paria del poder judicial y, regularmente, comienza a ser amenazado con pedidos de juicio político. Eso sucede aun cuando tenemos excelentes jueces y excelentes juristas. Pero a nadie le interesa que la justicia sea un verdadero poder.

- ¿Cuál es el origen de la captura del poder judicial por el poder político?
El problema es que en América Latina el Poder Judicial nunca se percibió como un poder, nunca lo fue. Y al no percibirse como poder político es presa fácil del Poder Ejecutivo. Así, los estándares de crítica política en materia de libertad de expresión para cuestionar la actuación funcional de un juez no son los mismos que los de un miembro del poder ejecutivo, como si el poder judicial no formara parte de los poderes del Estado. La justicia siempre disfrazó su carácter político bajo supuestos tecnicismos, bajo un manto de apoliticidad ficticio. Pero siempre se trató de una apoliticidad en un mal sentido, desconociendo que cada sentencia es una decisión política, una decisión no discrecional pero si política, siempre lo es. En América Latina, el poder judicial nunca se animó a constituirse en poder político, esto es, en uno de los tres poderes del Estado. Por eso siempre fue el poder más postergado.