El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará
en el próximo plenario el fin del régimen de desarraigo
para parte del personal del organismo y la limitación a todos
los profesionales para trabajar simultáneamente de manera privada.
Ambas son iniciativas de Marcela Rodríguez.
(INFOCIVICA, 12 de julio de 2004).- El Consejo de la Magistratura
de la Nación tratará en el próximo plenario el
fin del régimen de desarraigo para parte del personal del organismo
y la prohibición a todos los profesionales de trabajar simultáneamente
en forma privada. Ambas son iniciativas de Marcela Rodríguez,
representante de los legisladores. Los proyectos iban a ser discutidos
en la sesión del pasado jueves 8 de julio, pero debido a que
no se reunió el quórum necesario, el tema recién
se tratará en agosto, luego de la feria judicial.
De
ser aprobadas las propuestas por el plenario del Consejo, los funcionarios
de planta permanente y los contratados bajo la modalidad de "locación
de servicios" no recibirán el plus salarial del 35 por
ciento por vivir a más de 100 kilómetros del lugar de
trabajo.
En
tanto, para los restantes empleados será más exigente
acreditar su desarraigo: no bastará con su documento de identidad,
sino que deberán presentar una factura de algún servicio
público a su nombre.
Para
Beinusz Szmuckler, representante de los abogados, "los únicos
que no deberían cobrar desarraigo son los de planta permanente.
En cambio, sí les corresponde a quienes ocupan cargos temporarios,
porque duran en sus funciones 4 años, al igual que los consejeros".
La
reforma impulsada por la consejera Marcela Rodríguez iba más
allá, ya que pretendía terminar con el régimen
de locación de servicios en el Consejo de la Magistratura,
con el fin de promover un tratamiento igualitario en materia de horarios
y salarios y evitar los conflictos de intereses en el ejercicio profesional.
"No tenemos ni siquiera los datos de los asesores que están
ejerciendo la profesión de manera particular", contó
Rodríguez.
Pero
la Comisión de Reglamentación sólo llegó
a un consenso para que sea incompatible el desempeño de tareas
en el Consejo, bajo cualquier forma de contratación, con el
ejercicio de profesiones liberales en el ámbito privado.
La
diputada Rodríguez dijo a Infocívica que "asumir
la función pública implica responsabilidades, entre
ellas, evitar el conflicto de intereses". Además, expresó
que tiene confianza en que el plenario "amplíe la incompatibilidad
también a los casos de multiplicidad de cargos dentro del sector
público".
Asimismo,
En la próxima reunión del cuerpo judicial, el plenario
deberá tratar la incompatibilidad entre la percepción
de una jubilación simultáneamente con un salario del
Poder Judicial. Según el proyecto, la persona ya jubilada deberá
optar entre percibir una jubilación o el salario del Poder
Judicial, el que sea mayor.
Un desarraigo polémico
El
régimen de desarraigo, diseñado por la Corte Suprema
para su propio beneficio y extendido luego al Consejo de la Magistratura,
beneficia en la actualidad a agentes que cuentan con la inamovilidad
en el cargo y a quienes son designados en forma temporal, como los
asesores de los consejeros. En ambos casos, pueden pertenecer a planta
permanente o encontrarse contratados bajo la modalidad de "locación
de servicios".
El
proyecto, que cuenta con un dictamen de mayoría favorable de
las Comisiones de Administración y Financiera y de Reglamentación,
reconoce el derecho a cobrar este plus salarial sólo a los
consejeros y a sus asesores designados como planta permanente.
De
votarse el proyecto, 12 empleados dejarían de cobrar el desarraigo,
entre un total de 25 que actualmente lo perciben. Una de las afectadas
sería la Administradora General del Poder Judicial, Cristina
Akmentins.
Conflictos de intereses
La
aprobación del proyecto implicará además la incompatibilidad
de los profesionales para desempeñarse en el Consejo al mismo
tiempo que en forma privada.
"Desde
nuestro primer informe sobre debilidades y fortalezas del Consejo
en el año 1999 manifestamos como debilidad que el personal
del Consejo contratado mediante la locación de servicios queda
fuera del sistema de controles del Poder Judicial. Y en las recomendaciones
que presentamos sobre el mencionado organismo este año al Presidente
del Consejo, Enrique Petracchi, y al Ministerio de Justicia planteamos
que se termine con esta modalidad de contratación", estimó
María Julia Pérez Tort, coordinadora del Área
de Acción por la Justicia de Poder Ciudadano.
El
argumento principal se basa en los posibles conflictos de intereses,
pues los asesores de los Consejeros pueden litigar ante los jueces
que deben acusar y destituir o frente a los participantes en los concursos
para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.
"Si
bien las decisiones finales son tomadas por los Consejeros, los asesores,
por la dinámica de trabajo en el Consejo, tienen a cargo el
estudio y la proyección de dictámenes en las distintas
comisiones, y por lo tanto, su opinión constituye una parte
sustancial del engranaje de toma de decisiones", expuso Rodríguez
en una presentación realizada ante la Comisión de Administración
y Financiera.
En
contra, Szmukler opinó que esta medida "afectaría
a los consejeros que no somos miembros del Poder Judicial, ya que
la mayoría de nuestros asesores ejercen su profesión
de abogado y nadie con una experiencia sólida y de confianza
va a dejar su estudio jurídico por 4 años".
Szmukler,
quien tiene tres asesores trabajando bajo "locación de
servicios", consideró que cada consejero debe poder tener
el control sobre la gente que designa y distribuir la partida presupuestaria
para asesores tal como lo crea conveniente.
Por
su parte, el consejero Luis Pereira Duarte tiene cuatro asesores contratados
bajo esta modalidad, mientras que tanto Lino Palacio como Eduardo
Orio tienen tres.
